PROPUESTAS REALES EN LA RED CONTRA LA CORRUPCION

TENEMOS LA SOLUCION, MEDIDAS REALES CONTRA LA CORRUPCION

Los indignados somos, víctimas de la corrupción, quizás sin comprender la trama del hilo conductor que ha llevado a nuestro país al estado de “monarquía bananera”. Vemos en las televisiones internacionales entrevistas a “personalidades” que sin censura y sin cortarse ya un pelo, hablan de la corrupción en las Administraciones de nuestro país, en nuestras “Cajas”, convertidas convenientemente en Bancas, con el Botín de los pícaros, que hemos dejado desarrollar mirando para otro lado. ¿Cómo vamos a incentivar la inversión y la economía? Todo esto mientras, impotentemente sufrimos el desempleo mayor del mundo industrializado, con los recortes de los derechos que tantos años costó a este país conseguir.

Y para más inri, al no haber exigido, antes y ahora, la implementación completa de las leyes de contrapeso que tenemos, si protestamos, la policía nos puede maltratar sin identificarse y encarcelar sin pruebas. Ahora nos quieren poner unas tasas imposibles para que la mayoría no podamos ni siquiera intentar sin la ruina total defender nuestra dignidad. !Basta ya de la vulneración de nuestros derechos!. Pedimos pacíficamente, la aplicación de las medidas legales, que nos pertenecen por ser parte de nuestra normativa como Comunidad Europea y como firmantes de la Convención Anticorrupción de la ONU 2003, ratificado por nuestro congreso y Rey en 2006.

Evitando la dispersión de irnos por las ramas, investigamos para comprender cómo se ha financiado/promovido primero la corrupción judicial, la del vigilante para que no vigile. Táctica imprescindible desde el origen del delito.

No podemos arreglar este edificio, sin arreglar primero la cimentación del mismo: El Sistema Judicial. Por mucho que protestemos no conseguiremos Democracia Real, sin una JUSTICIA REAL.

Es internacionalmente conocido que la corrupción política y bancaria solo es posible con la IMPUNIDAD Y FINANCIACIÓN de la corrupción del Vigilante: el Poder Judicial. ¿O es tan extraño que un dueño de su casa pida responsabilidades cuando sus arcas del bienestar guardadas en su casa, han sido y están siendo robadas, mientras los vigilantes permanecen “de rositas” en sus puestos?

PETICION 1   JURADO POPULAR BIEN INSTRUMENTALIZADO PARA JUZGAR A JUECES, FISCALES, POLITICOS, POLICIAS, POR TODOS LOS DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS, ESPECIALMENTE POR DELITOS DE PREVARICACIÓN

(Nuestra carta magna Art. 125) , Art. 1 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Según nuestra normativa internacional, directamente y obligatoriamente vinculante, los Jueces y fiscales son también funcionarios.

URGENTEMENTE (si no estaremos en desamparo y en peligro por abusos represivos contra nuestros derechos), implementemos TOTALMENTE LAS LEYES de contrapeso, vigentes, en nuestra normativa por ser parte de la UE (No nos vamos a quedar solo con lo malo). como son el Jurado Popular Real, con su cometido principal histórico, SIN MUTILAR, devolviéndole la competencia que fundamentó su creación e incorporación en nuestra primera Constitución de 1812: Jurado Popular para juzgar el delito de la prevaricación y soborno de nuestros funcionarios. Jurado Popular para juzgar a JUECES, FISCALES, POLICIAS, POLITICOS. Sobre todo por resoluciones prevaricadoras, injustas y grotescas por contradecir las leyes o las pruebas.

Es lógico deducir que el pueblo tenga competencia en el juicio por prevaricación, pues esta es la muestra visible del “resultado” del tráfico de influencias o cohecho, (Delitos estos difíciles de probar si no los coges infraganti o con una buena instrucción). Por lo tanto ¿porque estos delitos tan difíciles de probar han sido dejados a la competencia del jurado y no el que en un principio fue designado por nuestra Constitución de 1812, La Pepa? ¿No será para que mutilado el jurado se caiga ante la opinión popular?

Quedó mutilado, casi sin darnos cuenta, en la parte 2ª del Art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y con el Art. 24.del Código Penal definiendo a los Jueces como “autoridad”. No tiene sentido quitar el contrapeso del pueblo contra jueces injustos, obligando a los ciudadanos, ante la impunidad casi total de una sentencia grotescamente prevaricadora, tener como única salida denunciar ante la gran muralla del poder judicial que rarísima vez se abre, o tirar para adelante con un peregrinaje de recurso en recurso con la consecuente saturación de los juzgados y sobre todo con la ruina económica por las tasas y costas que supuestamente servirán al estafador y sobornador para pagar el cohecho anticipado para el “seguro” de la sentencia.

Los contrapesos de agencias contra la corrupción, INDEPENDIENTES abiertas a las denuncias anónimas contra la corrupción de nuestros funcionarios, controladora también de la eficaz investigación e instrucción de esas causas para llevarlas al juicio por jurado, son herramientas contra la corrupción de los poderes defendidas a ultranza por los pueblos de todas las democracias asentadas de nuestro entorno como imprescindibles para defender el estado del derecho, ya que la Salud del Sistema Judicial es fundamental para que esté vigilante de los otros sistemas y no mirando para otro lado, o lo que es quizás peor, preocupado por recoger, impunemente sus propios “beneficios”.

En definitiva es ponernos al lado de los juristas honestos, que esperamos sean mayoría, protegiéndoles con el poder del pueblo soberano, para que no puedan ser condicionados, o intimidados y así apoyándoles en su cometido, contra quien sea, puedan favorecer el mantenimiento del poder del sistema judicial, para el orden y la armonía de la Justicia Real.

 PETICION 2ª  –  IMPLEMENTACIÓN URGENTE DE LOS ARTICULOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RATIFICADOS POR NUESTRO CONGRESO

EN 2006 para su directa implementación, ARTICULOS 13, 6, 11 Y OTROS DE LA CONVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN DE LA ONU del 2003 UNCAC.

Aunque firmado por ella, España no lo ha aplicado y el congreso no lo ha exigido. Según la ley internacional de la propia convención, ES OBLIGATORIO IMPLEMENTAR las medidas reflejadas en los Arts. De obligado cumplimiento después de la ratificación por nuestro congreso en 2006. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

El no haber los españoles exigido este cumplimiento y no haber notificado su incumplimiento al Departamento correspondiente que fue creado para ello en la ONU (Departamento que tiene presupuesto destinado al control de esta implementación), ha DEJADO BARRA LIBRE, al desarrollo de la corrupción hasta la insostenibilidad, siendo causa principal de los daños que nuestro país sufre, consecuencias advertidas en el propio articulado, firmado, de la Convención.

En estos artículos, definiendo a jueces , fiscales, políticos, etc., como funcionarios públicos se obliga a todo país firmante a la implementación de agencias independientes (Arts.13 y 6 bien instrumentalizadas con las herramientas contempladas en los otros más de 30 Artículos de obligado cumplimiento de la Convención ) para que anónimamente cualquier delito de nuestros funcionarios pueda ser denunciado para su instrucción DE VERDAD, y presentado ante jurado popular bien filtrado como en otras democracias de nuestro entorno, supervisado por las mismas agencias independientes, bajo la inspección ciudadana de turno, con los medios de detectives, abogados, fiscales, jueces opositores, catedráticos, voluntarios y todos de turno.

3ª PETICION.  –  PARA NO APOYAR LOS ESCONDITES DE CAPITAL Y ASI EVITAR LAS ESTAFAS Y FRAUDES A TODO TIPO DE VICTIMAS COMO EMPLEADOS, ETC.

Implementar y publicitar, a través de TV y radio públicas, el acceso público o limitado a personas con mínimo interés legitimo, a los datos incorporados en el Archivo General de Índices Notariales, así como a los datos custodiados por las Agencias Tributarias , de cualquier ciudadano de acuerdo al Art.7 LETRA f) DE LA DIRECTIVA 95/46 UE, y de acuerdo a Anulación de nuestro Tribunal Supremo del Art. 10-2b de nuestra ley de datos que contrariaba nuestra ley Europea( STS 429/2012).

Las peticiones expuestas aquí van más allá del ámbito personal por responder al interés público y significar un derecho de petición y participación política reconocido en los arts. 23.1, 29.1 y 77.1 de nuestra Carta Magna, no suponiendo injerencia alguna en la función parlamentaria. Aun así la negativa, sin contestación fundada en derecho, a su implementación podría significar desatender el pacto que compromete a nuestros representantes, frente al pueblo soberano que los nombrara, estando en tal supuesto permitido la dejación de deberes por parte de los ciudadanos haciendo uso del derecho fundamental garantizado en el art. 16.1 CE, así como cualquier otra acción legal que los ciudadanos de la Unión Europea podemos ejercer.

Nuestro deseo es recuperar la confianza en nuestras Administraciones. Nos preocupa la sensación generalizada de impotencia que puede arrastrar a reacciones violentas. Como en todas las Democracias Reales, defendemos la Justicia en todas sus facetas, con toda su armonía y esperanza para un mundo mejor.

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